Fundación Raíz CAEMBA destaca un enfoque humano para abordar los efectos de la minería ilegal en Ecuador
Mientras una joven dirigente de la nacionalidad A’i Kofan relataba cómo el mercurio ha enfermado a su comunidad, su voz dejaba entrever una profunda preocupación y el peso del cansancio acumulado. Describió cómo la minería ilegal ha traído consigo sangre, violencia, enfermedades, trata de personas, alcohol, drogas, prostitución y muerte, sumiendo a su pueblo en una situación de extrema vulnerabilidad. Sus palabras, cargadas de verdad y dolor, reflejan el sentir de muchas mujeres indígenas que, en silencio, enfrentan una lucha que amenaza sus cuerpos, sus tierras y sus culturas.
Este fue el escenario del Primer Taller Internacional sobre los Efectos de la Minería Ilegal, organizado por Fundación Raíz CAEMBA, que durante años ha trabajado de cerca con comunidades indígenas a través de su programa “Pueblos y Nacionalidades Indígenas”. Este trabajo ha permitido identificar a la minería ilegal como un riesgo que genera profundos impactos en sus territorios y modos de vida. Durante dos días (16 y 17 de diciembre 2024), actores del sector público, organizaciones internacionales, medios de comunicación y, principalmente, las voces de las comunidades indígenas expusieron el verdadero impacto de esta problemática, no solo en el medio ambiente, sino también en la vida humana.
Efectos en las comunidades, la economía local y un nuevo enfoque legal Durante el taller, se evidenció cómo la minería ilegal, además de generar daños ambientales irreversibles, ha impactado gravemente en el principal medio de subsistencia de las comunidades: la agricultura.
En el marco de uno de sus proyectos más importantes del programa “Pueblos y Nacionalidades Indígenas”, Fundación Raíz determinó que en los territorios de las nacionalidades Chachi, A’i Kofán y Kichwa (correspondientes a la FCUNAE), existen zonas donde se desarrollan actividades de minería ilegal.
El levantamiento en campo ejecutado por el equipo técnico identificó la presencia de grupos narcoguerrilleros explotando mineral aurífero en nueve comunidades Chachi, mientras que en la nacionalidad A’i Kofán se encontraron dos comunidades ubicadas en las riberas del río Aguarico con actividades mineras ilegales, y en las comunidades Kichwa se detectaron siete comunidades donde también se llevan a cabo estas prácticas.
El abandono estatal y la falta de protección han dejado a estas poblaciones en situación de desamparo y vulnerabilidad extrema, a esto se suma el impacto desproporcionado de los impactos que produce este delito en los pueblos indígenas. Frente a esto, los expertos propusieron un nuevo enfoque legal, señalando que, aunque el impacto ambiental ha sido el foco predominante, centrar la lucha en la defensa de los derechos humanos de las comunidades puede ser una vía más efectiva y poderosa para fortalecer estrategias legales y visibilizar esta problemática.
El evento reunió a actores clave, como UNODC, WWF, USAID,Fundación Pachamama, el Tribunal Andino de Justicia, la Fiscalía General del Estado, Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos y periodistas de medios reconocidos como Mongabay Latam y Código Vidrio, junto a representantes de las nacionalidades Chachi, A’i Kofan, Siekkopai, Kichwas de la FCUNAE, Sionas, y Waorani, Sáparas entre otras.
Testimonios que visibilizan la realidad de las mujeres
Como principales afectadas, las mujeres indígenas compartieron poderosos testimonios sobre el impacto de la minería ilegal en su salud y en el tejido social de sus comunidades. Voces firmes y decididas se alzaron en nombre de sus pueblos para denunciar los efectos devastadores de esta actividad:
El mercurio y otros contaminantes están afectando gravemente la salud de sus familias.
La minería ha traído consigo trata de personas, prostitución, violencia de género, alcoholismo y
consumo de drogas, sumiendo a las comunidades en la vulnerabilidad y silenciándolas con el miedo.
Cada testimonio refleja una realidad ineludible: las mujeres están en el centro de una lucha que amenaza sus cuerpos, sus hogares y sus culturas.
La resiliencia de las comunidades depende de sus esfuerzos colectivos para enfrentar los impactos desproporcionados de la degradación medioambiental, que afectan especialmente a los niños, niñas, mujeres y hombres.
El taller concluyó con un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas, defender los derechos humanos y robustecer las capacidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, promoviendo su resiliencia. Se destacó la necesidad de colaboración intersectorial como un camino clave para enfrentar la minería ilegal desde un enfoque integral, protegiendo no solo el medio ambiente, sino también la vida y el tejido social de las comunidades.
